Un crecimiento basado en elevado gasto gubernamental e ingresos provenientes de remesas, contrabando y narcotráfico, no es sostenible. La productividad de los factores se resiente, la renovación tecnológica es nula y la capacidad del aparato productivo se contrae, al tener que competir con bienes y servicios venidos de afuera, más baratos y más eficientes. El resultado: estancamiento económico, tasas elevadas de desempleo y deterioro de los indicadores de desarrollo humano. Sin hablar del deterioro moral al que tal tipo de matriz económica nos empuja.

Para revertir este deprimente escenario prospectivo, es necesario buscar mecanismos que garanticen seguridad jurídica y respaldo financiero a las inversiones competitivas y sostenibles, tanto en recursos humanos como de capital. Respecto a la seguridad jurídica, sólo será posible lograrla haciendo entender a gobernantes y legisladores que sin inversión privada será imposible lograr niveles de crecimiento suficientes y sostenibles para salir de los
tremendos índices de pobreza que no hacen más que crecer, a despecho de deseos y discursos en contrario.

Para generar recursos de inversión es necesario contar con ahorro de largo
plazo. Si bien hemos visto crecer notablemente los niveles de ahorro financiero en los últimos cuatro años, éstos siguen manteniéndose casi en su totalidad en depósitos de corto plazo, por lo que por razones de encaje y confianza del financiador sobre el tiempo que podrá fondear los recursos a prestar, la esperanza está en el ahorro previsional, por ser creciente y de largo plazo.

Para lograr un crecimiento aceptable del PIB, o sea, un crecimiento que duplique el ingreso per cápita positivo a precios constantes en los próximos 10 años, debemos lograr un incremento del PIB cercano al 7% anual acumulativo. Para ello, será necesario realizar inversiones anuales equivalentes al menos al 25% del PIB.

Gracias al ahorro previsional en cuentas individuales gestionadas por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs), estas entidades cuentan con cada vez más recursos para inversiones en Bolivia. Con el fin de garantizar el mantenimiento del valor de los aportes en las cuentas individuales e incrementarlo, estos deben ser invertidos en valores autorizados por la Ley de Pensiones y su Reglamento. Dichas inversiones están sujetas a límites por tipo genérico de valor, por emisor, categoría, riesgo, liquidez del instrumento y porcentaje de participación sobre el valor total de los ahorros administrados por la AFP, con el doble beneficio de seguridad para el aportante y apoyo efectivo a iniciativas económicas, generadoras de empleo y riqueza nacional.

Hoy, gracias al ahorro del 10% de su salario (que, de otro modo, hubieran sido recursos de libre disponibilidad para el trabajador), más de 1.100.000 aportantes tienen en sus cuentas individuales alrededor de tres mil quinientos
millones de dólares americanos, los que, sabiamente invertidos, pueden apoyar la creación o crecimiento de miles micro, pequeñas y medianas empresas, que ayudarán efectivamente a alcanzar los niveles requeridos de crecimiento del PIB nacional, a fin de salir de la pobreza, a la vez que se crearán miles de nuevos puestos de trabajo.

Empero, por razones de la insana lógica de destruir lo hecho por otros, por más
que funcione bien, así como para satisfacer los perversos intereses de una clase dirigente sindical que ya se frota las manos ante la posibilidad de ganar prebendas y hacerse ilícitamente de recursos para financiar su empoderamiento, se oyen cada vez voces más insistentes en el afán de acabar con el sistema previsional de cuentas individuales para retornar al probadamente ineficiente e insostenible sistema de reparto.

Al ahorrar en una AFP, cada trabajador es propietario de los recursos acumulados
en su cuenta individual. Por lo que tratar de traspasarlos a cuentas colectivas o, peor, llevarlos a un sistema de reparto, es lisa y llanamente una confiscación.

Y con esa confiscación se evaporarán el ahorro interno de largo plazo y, peor, la confianza en el ahorro previsional. Por lo que volver al sistema de reparto
sólo traerá corrupción, ineficiencia y futuros insostenibles déficits fiscales. Ya sucedió antes, con el consiguiente tremendo costo-país, y todo hace prever que se llegará al mismo, desastroso, resultado.

Empero, todo buen sistema es perfectible, existiendo dos aspectos en los que sí
se puede incidir positivamente. Uno es el referido a lograr que mayor número de trabajadores por cuenta propia aporten para poder jubilarse cuando se retiren
del mercado laboral (algo imposible en el sistema de reparto, pero sí posible en uno de cuentas individuales); para ello, será importante concienciar a la familia de estos trabajadores sobre la necesidad de contar con una cuenta de
ahorro previsional, que evite que en el futuro, cuando pasen al sector pasivo de la economía, ellos sean una carga para sus descendientes. El otro, que tiene que ver con la intención de mejorar las rentas, será posible lograrlo si se
mejora el ambiente de confianza empresarial en el país, pues así las inversiones que hagan las AFPs con los ahorros previsionales generarán más altos rendimientos, los que se trasladarán a las cuentas de los trabajadores y derivarán en mayores montos de ahorro, a ser devuelto con la renta mensual que perciban al jubilarse.

Así, por razones de seguridad y transparencia en la administración de los aportes, oportunidad de jubilación a una edad razonable (sin necesidad de
realizar trámites engorrosos) y garantía de contar con una renta por el resto de sus días, quienes aportan y son beneficiarios en el actual sistema de pensiones ganan. Y gracias a sus aportes mensuales, que se convierten en inversión en el país, todos ganamos. Por ello es irracional confiscar nuestros aportes y matar el ahorro interno de largo plazo.

Una vez que no se dieron las condiciones para generar inversiones productivas, que creen empleo sostenible e incrementen la riqueza nacional y habiendo demostrado el Estado total incapacidad para ser el motor del crecimiento económico, los agentes económicos que se mantengan en el mercado, deberán buscar mecanismos imaginativos para sobrevivir, donde la búsqueda de eficiencias y ahorros y el “achicarse” serán las constantes de preocupación para propietarios y ejecutivos.

En esas condiciones y como en toda crisis vivida en el pasado, será el sector informal de la economía quien tenga que absorber a los emprendedores desempleados y a quienes entren por primera vez al mercado de trabajo, confirmando nuevamente el aserto de que la microempresa sigue siendo el principal refugio para la inserción de la población económicamente activa en el mercado de trabajo en períodos de crisis, más aún hoy en que la economía llamada “formal” se contrae por factores de mercado y, lamentablemente, por las erradas políticas gubernamentales.

Los microempresarios del sector informal de la economía cuentan con ventajas intrínsecas para salir airosos en épocas de contracción económica, pues son flexibles en el empleo de mano de obra (priorizando el empleo familiar) y bienes de capital, pueden aumentar o reducir su oferta rápidamente y, al no valorar adecuadamente su fuerza de trabajo y la de su familia, ofertar bienes y servicios a precios “accesibles” para una demanda agregada que se contrae.

Estas ventajas intrínsecas se han traducido en un muy saludable y creciente mercado microfinanciero, que ha permitido a las Instituciones Microfinancieras (IMF) reguladas y no reguladas, alcanzar al 31 de diciembre de 2008 una cartera cercana a los $us. 1.490 millones, colocada en más de 840.000 clientes. Asimismo, las IMF reguladas han visto crecer sus depósitos hasta los $us. 1.093 millones. Sin embargo, hoy el horizonte se complica para la industria microfinanciera, pues en un entorno macroeconómico adverso, como el que se viene para Bolivia, las IMF seguramente deberán tomar medidas que permitan garantizar su solvencia y fortalecer su eficiencia, para lo que deben tomar en cuenta los siguientes riesgos:

Riesgos de repago. Al contraerse la demanda agregada, los microempresarios tenderán a reducir su oferta y sus precios, afectando así sus márgenes de rentabilidad. Si las condiciones de sus mercados tienden a mayor deterioro, pueden poner en riesgo la capacidad de honrar sus obligaciones financieras, por lo que la mora y la cartera reprogramada se incrementarán.

Riesgos cambiarios. A pesar de la presión estatal por una “bolivianización” de la economía, hoy más de la mitad de las colocaciones de las IMF son en dólares. Conforme las reservas internacionales netas y las privadas se contraigan y la confianza de los agentes económicos se deteriore, haciendo que el dólar se convierta en “activo refugio” y presione al alza de la divisa, esta cartera correrá mayor riesgo de no pago.

Riesgos de Regulación. La Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, ha decidido aplicar normas de prudencia, que buscan “blindar” a las entidades financieras de la crisis que se avecina; empero, para el caso de las IMF reguladas la norma para incremento de las previsiones específicas, sumada a la decisión del Banco Central de triplicar el encaje legal para depósitos en moneda extranjera, no solamente afectan a su rentabilidad (haciendo más arduo el conseguir recursos de capital) sino que encarecen el crédito, perjudicando a los clientes.

Riesgos Macro. Con la aprobación de una CPE que desmotiva la inversión y un Estado que no garantiza la seguridad jurídica, el desarrollo de la industria microfinanciera sufrirá un serio menoscabo. Prueba de ello es el hecho de que Bolivia ha perdido en 2008 el primer lugar en el ranking de IMF “Microscopio”, elaborado por el BID y la revista inglesa The Economist, justamente por el deterioro en los indicadores de calidad del marco regulatorio y clima de inversión.

Ciertamente no es claro el horizonte para las microempresas y sus financiadores. Empero, sus capacidades y habilidades, tanto de la industria como de los clientes, hacen posible esperar que sabrán capear el temporal que se avecina, manteniendo a Bolivia como uno de los paradigmas mundiales de las microfinanzas.